Nunca hemos aceptado que interrogantes de tal envergadura pudieran ser despachados con fórmulas apresuradas, con la etiqueta de conspiranoia o con la simple deslegitimación de quienes los plantean. Las cuestiones merecen respuestas jurídicas, no juicios sumarios.

EL PRIMER NUDO: LA RENUNCIA DE BENEDICTO XVI

Todo parte del 11 de febrero de 2013, cuando Benedicto XVI pronunció su Declaratio, anunciando la renuncia al ministerium de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, con efecto a partir del 28 de febrero.

El canon 332 § 2 del Código de Derecho Canónico establece que, para la validez de la renuncia del Romano Pontífice, esta debe ser hecha libremente y debidamente manifestada.

Desde entonces hemos planteado una pregunta fundamental: ¿la formulación utilizada por Benedicto XVI, la distinción entre munus y ministerium, y las circunstancias que acompañaron aquella declaración, son plenamente compatibles con los requisitos canónicos de la renuncia?

No se trata de una cuestión lingüística marginal. Se trata de comprender si efectivamente fue renunciado el oficio petrino o si la declaración produjo consecuencias jurídicas distintas de las comúnmente atribuidas.

De esta cuestión se desprende un interrogante de alcance histórico: si la renuncia no hubiera producido válidamente la vacancia de la Sede Apostólica, ¿qué consecuencias se derivarían sobre la elección posterior de Jorge Mario Bergoglio?

EL SEGUNDO NUDO: LA ELECCIÓN DE FRANCISCO

Si existen dudas sobre la validez del acto que habría determinado la vacancia de la Sede Apostólica, se vuelve inevitable profundizar en la regularidad del cónclave de 2013 y en la legitimidad de la autoridad que de él surgió.

La cuestión no puede resolverse simplemente invocando el tiempo transcurrido, el reconocimiento institucional o la aceptación generalizada de la elección. Es preciso abordar el problema originario en el plano del derecho canónico.

Hemos pedido que las argumentaciones sean examinadas en su fondo, sin prejuicios y sin convertir el disenso en una culpa.

EL TERCER NUDO: LOS CARDENALES CREADOS POR FRANCISCO Y LA LEGITIMIDAD DEL COLEGIO ELECTORAL

Aquí se abre una cuestión ulterior, que podría tener consecuencias de alcance extraordinario. Francisco, durante su pontificado, ha creado numerosos cardenales, muchos de los cuales participaron en el cónclave de mayo de 2025 que eligió a León XIV.

Pero si se constatara la invalidación originaria de la elección de Francisco, ¿cuál sería la condición jurídica de los actos de creación cardenalicia emanados por él? Es una pregunta que no podemos eludir.

El canon 349 del Código de Derecho Canónico atribuye al Colegio Cardenalicio la tarea de elegir al Romano Pontífice. El canon 351 regula la creación de cardenales por parte del Romano Pontífice.

El problema, pues, está directamente ligado a la legitimación de la autoridad que les confirió tal dignidad y, ante todo, al título jurídico en virtud del cual ejercieron el derecho de voto.

Si Francisco no hubiera sido legítimamente investido del oficio petrino, habría que determinar qué consecuencias produciría tal eventualidad sobre los actos de creación cardenalicia y sobre la posición de los cardenales por él nombrados.

No afirmamos que la consecuencia deba ser automáticamente la nulidad de las nominaciones o de la elección posterior. Sostenemos que el problema debe ser abordado y resuelto mediante un análisis riguroso de las normas canónicas aplicables.

La cuestión adquiere aún mayor relevancia si se considera que el Colegio Cardenalicio constituye el órgano al que está encomendada la elección del Sucesor de Pedro.

EL CUARTO NUDO: LEÓN XIV Y LAS DUDAS SOBRE LA REGULARIDAD DEL CÓNCLAVE DE 2025

Con la muerte de Francisco y la elección de León XIV, el problema asume una nueva dimensión. No es posible examinar la legitimidad de la sucesión prescindiendo de las cuestiones que afectaron a la elección precedente y a la composición del Colegio Cardenalicio.

A esto se añaden las circunstancias relativas al cónclave de mayo de 2025. La entrevista al padre Bruno Silvestrini, publicada por Cronache Maceratesi el 11 de mayo de 2025, ha puesto en la atención pública declaraciones concernientes al conocimiento anticipado de información sobre la elección de Robert Prevost.

De aquí surgió una iniciativa ulterior: el escrito canónico del 8 de abril de 2026 dirigido al cardenal Pietro Parolin, en el que hemos sometido a la atención de la autoridad eclesiástica posibles violaciones de los artículos 44, 48, 55 y 56 de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis.

Hemos pedido verificar si hubo violaciones de las disposiciones sobre el secreto, el aislamiento del cónclave y la prohibición de comunicaciones con el exterior, y, ante todo, si eventuales irregularidades tuvieron una incidencia concreta sobre la libertad y la validez de la elección.

No hemos convertido una indiscreción en una prueba. Hemos pedido que los hechos sean verificados.

UNA CADENA DE LEGITIMACIÓN QUE MERECE SER EXAMINADA

He aquí el punto central de nuestra iniciativa. No nos hallamos ante interrogantes separados, sino ante cuestiones que se concatenan y que deben ser abordadas en su complejidad:

  • ¿La renuncia de Benedicto XVI produjo válidamente la vacancia de la Sede Apostólica?

  • ¿La elección de Francisco se desarrolló sobre la base de una vacancia válida de la Sede y en respeto de las normas canónicas?

  • ¿Qué consecuencias tendría una eventual invalidez de la elección de Francisco sobre los actos de creación cardenalicia por él realizados?

  • ¿Los cardenales cuya creación fuera eventualmente cuestionada tenían título para participar en la elección del nuevo Pontífice?

  • ¿La composición del Colegio Cardenalicio que eligió a León XIV era conforme a las disposiciones canónicas?

  • ¿Las circunstancias del cónclave de 2025 respetaron todas las garantías previstas por la Universi Dominici Gregis?

Son preguntas que atañen a la continuidad institucional de la Iglesia, a la sucesión apostólica y a la legitimidad de la autoridad pontificia.

No pretendemos sustituirnos a la autoridad eclesiástica competente. Exigimos, sin embargo, que esta ejerza sus responsabilidades y ofrezca respuestas documentadas.

EL SILENCIO NO PUEDE SUSTITUIR AL DERECHO

La Iglesia es una institución espiritual, pero también un ordenamiento jurídico. El derecho canónico no es un elemento accesorio, ni un conjunto de disposiciones que puedan interpretarse solo cuando resultan convenientes.

Las normas que regulan la renuncia del Pontífice, la creación de cardenales y la elección de su sucesor representan garantías fundamentales para la continuidad de la Iglesia.

Por ello consideramos que las cuestiones planteadas no pueden ser archivadas mediante el silencio. No pedimos a nadie que comparta de antemano nuestras conclusiones. Pedimos que sean examinadas nuestras argumentaciones, que se ofrezcan respuestas jurídicamente motivadas y que las autoridades eclesiásticas aborden, por fin, el problema.

No está en discusión la fe de los creyentes. No está en discusión el respeto debido a la Iglesia. Lo que está en juego es la necesidad de que también las máximas autoridades eclesiásticas respeten las normas que regulan su propia legitimación.

Junto a Andrea Cionci y a cuantos han compartido este camino, seguiremos pidiendo verdad, transparencia y claridad.

No es una batalla contra un hombre. No es una batalla contra la Iglesia. Es una batalla para que la Iglesia pueda recuperar, incluso mediante la verificación de su historia reciente, la plena credibilidad de su propia autoridad.

Porque si la sucesión apostólica representa uno de los fundamentos de la continuidad de la Iglesia, la regularidad de su transmisión no puede ser considerada un detalle secundario.

NO ES UNA BATALLA CONTRA UN PAPA.
ES UNA BATALLA POR LA VERDAD SOBRE LA LEGITIMIDAD DEL PONTIFICADO.

LA VERDAD NO SE DEFENDE IMPONIENDO EL SILENCIO.
SE DEFENDE RESPONDIENDO A LAS PREGUNTAS.
Y NOSOTROS SEGUIREMOS PLANTEÁNDOLAS.